La subida del 66% de las tasas universitarias, aprobada por el Gobierno dentro del paquete de medidas para ahorrar 3.000 millones de euros en educación, ha encontrado detractores y partidarios. Los primeros, que han anunciado movilizaciones para esta misma semana, califican el incremento de desmesurado e inasumible. Los segundos, en cambio, consideran lógico que los estudiantes, especialmente los repetidores, participen más ampliamente en el coste de su formación.

Pero, ¿es justo que los alumnos tengan que asumir hasta un 25% del coste, cuando ahora solo sufragan el 15%? ¿Es razonable aplicar ese aumento en plena crisis económica? Vista la cuantía del incremento, ¿no deberían aumentar también las becas? ¿Acabará pasando factura a España esta medida, que limitará el acceso a la universidad de muchos jóvenes? ¿Supone un ahorro la supresión de grados y másteres con pocos alumnos matriculados, como también prevé el Gobierno?

Para abordar este tema, Entre todos, el espacio de debates de EL PERIÓDICO que analiza temas de actualidad con la participación de los lectores y expertos en la materia, abre un nuevo debate sobre la incidencia y las consecuencias del inminente aumento de las tasas universitarias.

Reformas como la paulatina sustitución de los directores de escuelas e institutos por directivos profesionales pretenden mejorar el funcionamiento de los centros educativos, pero para conseguir ese objetivo será preciso que se les dote de mayores competencias para asegurar la calidad del profesorado, como los mismos candidatos al puesto reclaman.

Poder elegir al menos a una parte de la plantilla, disponer de instrumentos efectivos para prescindir de los que se han instalado en la incompetencia, tener un control sobre la formación que se sigue e intervenir de forma decisoria en la evaluación del profesorado que forma parte del centro, para que todo ello tenga consecuencias, son algunas de las reivindicaciones que se formulan.

Para abordar este tema, Entre todos, el espacio de la web de EL PERIÓDICO para analizar temas de actualidad con la participación de los lectores y expertos en la materia, abre un nuevo debate sobre cómo asegurar la calidad del profesorado y los efectos de la profesionalización de la dirección de los centros escolares.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el pasado viernes, 10 de febrero, la reforma laboral, una nueva ley que marca las pautas del mercado de trabajo para los próximos años. Debido a la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal, el Ejecutivo decidió redactar y aprobar una norma que reduce la indemnización por despido improcedente (33 días por año con un máximo de 24 mensualidades); facilita a las compañías que se descuelguen de los convenios (bajando sueldos, modificando jornadas unilateralmente) si registran dos trimestres de pérdidas consecutivas; introduce incentivos a pymes y autónomos para que contraten a jóvenes y parados de larga duración, y establece un límite de 24 meses para encadenar contratos temporales, entre otras cuestiones. ¿Servirá esta reforma laboral para crear empleo o, por el contrario, destruirá aún más puestos de trabajo?

La muerte del joven de 21 años Idrissa Diallo, el pasado 6 de enero en el centro de internamiento de extranjeros de la Zona Franca, el CIE de Barcelona, es el último episodio de una lista negra y poco conocida de sucesos en instalaciones que en la práctica son cárceles para simpapeles, pese a que quienes son internados allí no lo son por un delito, sino por una falta administrativa, la de estar en situación irregular en España. El principal problema sobre lo que sucede en los CIE es, precisamente, descubrir qué sucede. Hasta ahora, la opacidad es la norma. Algo que abona la falta de regulación, la ausencia de un reglamento, que deja en manos de los directores el funcionamiento. Tampoco los policías que trabajan en los CIE están en una situación idílica: el Sindicato Unificado de la Policía denuncia que su labor corresponde en realidad a funcionarios de prisiones. El objetivo de numerosas entidades y de algunos partidos es el cierre de los centros o, como mínimo, la mejora de sus condiciones para que dejen de ser un limbo legal que, en contra de toda lógica, ofrece menos derechos a los internos que una cárcel a los presos. Además, se da por contrastado que en los CIE conviven personas con un pasado delictivo con inocentes. ¿Hasta qué punto es necesaria una reforma de este sistema? ¿Cuáles son las alternativas?

El PSC celebra entre este viernes y el domingo su 12º congreso. Un cónclave que llega en un momento de encrucijada histórica para el partido tras haber sufrido en el último año su peor ciclo electoral, con severas derrotas en los comicios al Parlament del 2010, las municipales del 22 de mayo del 2011 y las generales del pasado noviembre. Los socialistas catalanes afrontan el congreso con un mensaje de “renovación” y “cambio” en el discurso, los liderazgos y la organización interna, que tendrá como principal referente la elección de un nuevo primer secretario. ¿Qué ha de cambiar, realmente, en el PSC para que recupere su condición de fuerza central en la política catalana y vuelva a conectar con la sociedad?

Este debate se inició el viernes, 2 de diciembre y finalizó el miércoles, 14 de diciembre.

¿Basta con recortar gastos y compensaciones a los funcionarios o hay que reformar en profundidad la Administración?

La crisis económica es una oportunidad para poner orden en el laberinto de las administraciones. La Generalitat está planteando unos duros recortes que afectan no solo al sueldo, con rebajas en las pagas extras y los pluses por productividad, sino también a las compensaciones y mejoras logradas en los últimos años y que algunos dirigentes califican como “privilegios”. ¿Considera que sobran empleados públicos?

La crisis, que ha puesto al descubierto las profundas debilidades de la economía española enmascaradas durante el espejismo de la burbuja inmobiliaria, ha debilitado el peso y la influencia política de España en la UE. Obligada por la presión de los mercados a adoptar un plan de ajustes en mayo del 2010, con la deuda pública acosada por los especuladores y con una tasa de paro superior al 20%, España se ha convertido en uno de los países tocados o enfermos de la zona euro, aunque haya evitado la intervención.

Esa fragilidad económica se ha comenzado a traducir en debilidad política a nivel europeo. España, por ejemplo, se ha quedado fuera de la cúpula directora de la nueva Autoridad Bancaria Europea (EBA) y eso se ha traducido en pruebas de resistencia y planes de recapitalización elaborados a la medida de la banca británica, alemana y francesa, que han penalizado cada vez a las entidades españolas. España tampoco tiene ningún peso ni influencia en la cúpula del nuevo servicio diplomático de la UE que dirige la británica Catherine Ashton.

¿El nuevo Gobierno que salga de las urnas del próximo 20 de noviembre tiene algún margen de maniobra o ya tiene fijadas de antemano por la UE sus tareas prioritarias: nuevos ajustes para recortar el déficit público al ritmo previsto y reformas económicas y laborales para corregir los desequilibrios económicos? ¿Se va a convertir España en un país tutelado oficiosamente por la UE, aunque no esté intervenido? ¿Puede España recuperar influencia política en la UE mientras siga acosado por los especuladores en los mercados? ¿Tendrá influencia el nuevo Gobierno en la nueva minirreforma del tratado que se prepara o deberá someterse al diktat alemán?

La campaña de las primeras elecciones legislativas después de la sentencia sobre el Estatut dictada por el Tribunal Constitucional ha incorporado nuevos elementos al debate siempre presente del encaje de Catalunya en España. Desde el soberanismo, que considera superada la fase estatutaria, a todas las variables federalizantes, incluido el diseño que el Estatut contiene de las relaciones Catalunya-España, cada partido ha marcado un territorio propio. La desafección, el pacto fiscal, la efectividad del sistema de financiación en vigor, los límites de la solidaridad interterritorial, el complejo mundo de las identidades culturales, configuran un marco de referencia dentro del cual tienen cabida toda clase de propuestas.

EL PERIÓDICO pone a disposición de especialistas, partidos y suscriptores la posibilidad de participar en un debate sobre un asunto capital para el futuro de Catalunya. ¿Es el nuevo Estatut y su desarrollo una estación de llegada? ¿Está agotada la articulación del Estado derivada de la Constitución de 1978? ¿Hasta qué punto una articulación confortable de Catalunya con el resto de España es independiente de las políticas de austeridad, reducción del déficit y disciplina fiscal que exige la Unión Europea?

El 77% de los contenidos culturales que circulan en internet en España (música, cine, libros y videojuegos) vulneran los derechos de autor, según el último estudio de la Coalición de Creadores. ¿Es posible elaborar una ley que ataje la piratería y promueva el consumo de cultura legal en internet? El Gobierno del PSOE lo ha intentado. Recordemos que costó un monumental desencuentro con el entonces presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que el pasado mes de enero dimitió, un día después de que la ministra, Ángeles González-Sinde, resucitara en el Senado la ley antidescargas tras un acuerdo de última hora con PP y CiU. La ley –que no castiga al usuario pero sí permite el cierre judicial de páginas que vulneran los derechos de autor- está aprobada. Pero no se puede aplicar sin un reglamento que la desarrolle. El Ejecutivo, por activa y por pasiva, anunció que el texto se ratificaría, pero llegamos al 20-N y sigue sin estar listo. ¿Qué hará el Gobierno que salga elegido de las urnas? ¿Qué debería hacer? Respecto a los usuarios, ¿cómo se les puede concienciar de que la cultura se paga? Respecto a los productores, ¿hay oferta legal suficiente en la red?